Comentario n. 464-468

La dignidad de cada persona, desde su nacimiento hasta su muerte natural, necesita ser proclamada y reafirmada en nuestros días, con mucha convicción y con argumentos de razón. Hoy, a comienzos del siglo XXI, pareciera que los pasos en favor de reafirmar los derechos de todas las personas es algo aceptado pacíficamente por todos.

A nivel civil, los Estados se comprometen  a trabajar por los derechos humanos. De modo que cada hombre y  mujer pueda vivir con dignidad en una sociedad de derecho. Al mismo tiempo, las legislaciones ceden ante “nuevos derechos” que son proclamados como tales con cierta ideología y que suelen ir contra derechos fundamentales. Ejemplo concreto lo tenemos en relación al derecho de la vida, y las fuertes campañas que tienen a introducir el aborto en nuestros países.

Antes tales ambigüedades, los discípulos de Jesucristo se les pide dos posturas claras y convencidas: la proclamación y la defensa de la vida. Dado el avance de la secularización, de políticas relativistas y de las presiones de sectores resulta necesario llevar una valiente defensa de la vida. Para los católicos defender la vida debería ser algo normal. Para quien no es católico, pero tiene buena voluntad y una rectitud de conciencia, se da cuenta del valor incomparable de toda persona. Frente a una cultura que ataca la vida, estamos llamados a proclamar la dignidad e integridad de la persona humana.

APARECIDA N. 98

                2.2      Situación de nuestra Iglesia en esta hora histórica de desafíos

                98.      La Iglesia Católica en América Latina y El Caribe, a pesar de las deficiencias y ambigüedades de algunos de sus miembros, ha dado testimonio de Cristo, anunciado su Evangelio y brindado su servicio de caridad particularmente a los más pobres, en el esfuerzo por promover su dignidad, y también en el empeño de promoción humana en los campos de la salud, economía solidaria, educación, trabajo, acceso a la tierra, cultura, vivienda y asistencia, entre otros.

                Con su voz, unida a la de otras instituciones nacionales y mundiales, ha ayudado a dar orientaciones prudentes y a promover la justicia, los derechos humanos y la reconciliación de los pueblos.

                Esto ha permitido que la Iglesia sea reconocida socialmente en muchas ocasiones como una instancia de confianza y credibilidad. Su empeño a favor de los más pobres y su lucha por la dignidad de cada ser humano han ocasionado, en muchos casos, la persecución y aún la muerte de algunos de sus miembros, a los que consideramos testigos de la fe.

                Queremos recordar el testimonio valiente de nuestros santos y santas, y de quienes aún sin haber sido canonizados, han vivido con radicalidad el evangelio y han ofrendado su vida por Cristo, por la Iglesia y por su pueblo.

APARECIDA N. 74-82

2.1.3 Dimensión socio-política

74.      Constatamos un cierto proceso democrático que se demuestra en diversos procesos electorales. Sin embargo, vemos con preocupación el acelerado avance de diversas formas de regresión autoritaria por vía democrática que en ciertas ocasiones derivan en regímenes de corte neopopulista. Esto indica que no basta una democracia puramente formal, fundada en la limpieza de los procedimientos electorales, sino que es necesaria una democracia participativa y basada en la promoción y respeto de los derechos humanos. Una democracia sin valores, como los mencionados, se vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionando al pueblo.

75.      Con la presencia más protagónica de la Sociedad Civil y la irrupción de nuevos actores sociales, como son los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los profesionales, una extendida clase media y los sectores marginados organizados, se está fortaleciendo la democracia participativa, y se están creando mayores espacios de participación política. Estos grupos están tomando conciencia del poder que tienen entre manos y de la posibilidad de generar cambios importantes para el logro de políticas públicas más justas, que reviertan su situación de exclusión. En este plano, se percibe también una creciente influencia de organismos de Naciones Unidas y de Organizaciones No Gubernamentales de carácter internacional, que no siempre ajustan sus recomendaciones a criterios éticos. No faltan también actuaciones que radicalizan las posiciones, fomentan la conflictividad y la polarización extremas, y ponen ese potencial al servicio de intereses ajenos a los suyos, lo que, a la larga, puede frustrar y revertir negativamente sus esperanzas.

76.      Después de una época de debilitamiento de los Estados por la aplicación de ajustes estructurales en la economía, recomendados por organismos financieros internacionales, se aprecia actualmente un esfuerzo de los Estados por definir y aplicar políticas públicas en los campos de la salud, educación, seguridad alimentaria, previsión social, acceso a la tierra y a la vivienda, promoción eficaz de la economía para la creación de empleos y leyes que favorecen las organizaciones solidarias. Todo esto refleja que no puede haber democracia verdadera y estable sin justicia social, sin división real de poderes y sin la vigencia del Estado de derecho.

77.      Cabe señalar, como un gran factor negativo en buena parte de la región, el recrudecimiento de la corrupción en la sociedad y en el Estado, que involucra a los poderes legislativos y ejecutivos en todos sus niveles, y alcanza también al sistema judicial que a menudo inclina su juicio a favor de los poderosos y genera impunidad, lo que pone en serio riesgo la credibilidad de las instituciones públicas y aumenta la desconfianza del pueblo, fenómeno que se une a un profundo desprecio de la legalidad. En amplios sectores de la población y particularmente entre los jóvenes crece el desencanto por la política y particularmente por la democracia, pues las promesas de una vida mejor y más justa no se cumplieron o se cumplieron sólo a medias. En este sentido, se olvida que la democracia y la participación política son fruto de la formación que se hace realidad solamente cuando los ciudadanos son conscientes de sus derechos fundamentales y de sus deberes correspondientes.

78.      La vida social, en convivencia armónica y pacífica, se está deteriorando gravemente en muchos países de América Latina y de El Caribe por el crecimiento de la violencia, que se manifiesta en robos, asaltos, secuestros, y lo que es más grave, en asesinatos que cada día destruyen más vidas humanas y llenan de dolor a las familias y a la sociedad entera. La violencia reviste diversas formas y tiene diversos agentes: el crimen organizado y el narcotráfico, grupos paramilitares, violencia común sobre todo en la periferia de las grandes ciudades, violencia de grupos juveniles y creciente violencia intrafamiliar. Sus causas son múltiples: la idolatría del dinero, el avance de una ideología individualista y utilitarista, el irrespeto a la dignidad de cada persona, el deterioro del tejido social, la corrupción incluso en las fuerzas del orden, y la falta de políticas públicas de equidad social.

79.      Algunos parlamentos o congresos legislativos aprueban leyes injustas por encima de los derechos humanos y de la voluntad popular, precisamente por no estar cerca de sus representados ni saber escuchar y dialogar con los ciudadanos, pero también por ignorancia, por falta de acompañamiento, y porque muchos ciudadanos abdican de su deber de participar en la vida pública.

80.      En algunos Estados ha aumentado la represión, la violación de los derechos humanos, incluso el derecho a la libertad religiosa, la libertad de expresión y la libertad de enseñanza, así como el desprecio a la objeción de conciencia.

81.      Si bien en algunos países se han logrado acuerdos de paz superando así conflictos de vieja data, en otros continúa la lucha armada con todas sus secuelas (muertes violentas, violaciones a los Derechos Humanos, amenazas, niños en la guerra, secuestros etc.), sin avizorar soluciones a corto plazo. La influencia del narconegocio en estos grupos dificulta aún más las posibles soluciones.

82.      En América Latina y El Caribe se aprecia una creciente voluntad de integración regional con acuerdos multilaterales, involucrando un número creciente de países que generan sus propias reglas en el campo del comercio, los servicios y las patentes. Al origen común se une la cultura, la lengua y la religión que pueden contribuir a que la integración no sea sólo de mercados, sino de instituciones civiles y sobre todo de personas. También es positiva la globalización de la justicia, en el campo de los derechos humanos y de los crímenes contra la humanidad, que a todos permitirá vivir progresivamente bajo iguales normas llamadas a proteger su dignidad, su integridad y su vida.